En recientes fechas, la Procuraduría General de la Nación de Colombia mostró los nombres de los aspirantes que se hallan incapacitados para llevar a cabo cargos estatales en las elecciones del próximo diciembre. En colombia y de acuerdo al registro en las Procuradurías de Colombia, son seiscientos noventa y cuatro y en el Cauca, diecinueve (el dos con siete por ciento de los incapacitados), que van contra lo indicado en la ley seiscientos diecisiete del dos mil, en el artículo treinta y siete, artículo cuarenta, asimismo por transgredir lo citado en la Ley quinientos noventa y nueve del año dos mil y por no cumplir la Ley ciento treinta y seis del año mil novecientos noventa y cuatro, particularmente, en el artículo ciento veinticuatro.

 

Los partidos que en el Cauca apuntaron más aspirantes con incapacitaciones son, por orden, el Conservador y Cambio Radical. La mayor parte de los preguntados forman una parte de listas a concejos. Como un aspecto positivo se puede resaltar que en esta lista no aparecen aspirantes a las alcaldías ni a la Gobernación.

 

En temporadas anteriores a elecciones, la Procuraduría convenientemente anuncia los nombres de aspirantes incapacitados; de igual forma hacen los medios que notifican y publican las hojas de vida de aquellos aspirantes que tienen antecedentes disciplinarios y que no deberían hacer una parte de las listas a cargos de elección popular, mas, por último resultan escogidos, con el coherente desgaste que implican las demandas siguientes que acaban en destituciones. Esta vez el Fiscal General encargado avisó, además de esto, que esta entidad de control estudiará si hay delitos del género de elección ilegal.

 

Resulta conveniente rememorar que en dos mil diecisiete entró en vigencia la Ley mil ochocientos sesenta y cuatro que quiere robustecer los sistemas de participación democrática. Esta ley sumó al Código Penal el delito de “elección ilegal de candidatos”, conforme el que, “quien sea escogido para un cargo de elección popular estando incapacitado para desempeñarlo por resolución judicial, disciplinaria o bien fiscal incurrirá en cárcel de 4 (cuatro) a 9 (nueve) años y multa de doscientos (doscientos) a ochocientos (ochocientos) sueldos mínimos legales mensuales vigentes”. Probablemente con buena pretensión, los legisladores pensaron que esto lograría un efecto disuasivo entre quienes tengan una sanción en contra suya.

 

Semeja que las advertencias de la Procuraduría (incluyendo las procuradurías en la ciudad de Bogotá) y la incorporación de esta conducta como un delito con pena de prisión no amedrentó a los aspirantes y mucho menos a los partidos. En este punto es asimismo esencial demandar que los partidos (si bien legalmente no estén obligados) no dejen que ingresen personas cuestionadas a sus listas, puesto que son los que acreditan estas candidaturas.

 

Resta comprobar si la publicación de los nombres de los incapacitados y la advertencia del Fiscal General al cargo tienen algún efecto y salen de las listas los anotados señalados. Hay tiempo hasta el veintisiete de noviembre.